Sra. Ministra:

Entre los diversos problemas que ha heredado usted de sus predecesores en el cargo, a nadie se le escapa que la lucha contra el tabaquismo en España ocupa un lugar muy destacado.

Los abajo firmantes queremos manifestar cierta satisfacción por la nueva ley que su Ministerio ha preparado sobre este grave problema de salud pública. Sin embargo, le transmitimos nuestro temor de que dicha Ley no proteja como debiera a los no fumadores. Nos indigna, por ejemplo, que se discrimine a los empleados del sector de hostelería, que seguirán siendo en su ámbito laboral fumadores forzosos. Incomprensiblemente, al permitir fumar en lugares de ocio, se seguirá olvidando al fumador pasivo más indefenso de todos: el no nacido.

El argumento de que los fumadores son los salvadores de la industria de hostelería está ya tan superado por la experiencia de otros países y ciudades donde se ha prohibido fumar, que ni siquiera la industria tabaquera los utiliza ya. Por el contrario, más y más países están prohibiendo el fumar en lugares públicos de ocio. ¿Quedará España entre los últimos en adoptar esta prohibición?

Nos causa especial preocupación que el Gobierno del que usted forma parte no contemple una próxima subida radical del precio del tabaco en España, medida que en la lucha contra el tabaquismo ha acreditado resultados positivos. No hay razones de interés público para que no se equiparen nuestros precios a los de Francia, Reino Unido o Suecia.

Por último, no podemos ocultar nuestro escepticismo respecto a la eficacia de la ley si ésta no viene acompañada de medidas contundentes para su estricto cumplimiento. Convendrá con nosotros que causa vergüenza el incumplimiento generalizado del Real Decreto 192/1988, lo que no permite augurar muchas esperanzas en relación a la nueva Ley, a menos que se arbitren medidas más eficaces para evitar que sea constantemente quebrantada, como el aumento de la plantilla de inspectores, o el número y frecuencia de las inspecciones, y se incremente drásticamente la cuantía de las multas.

En suma, con esta carta los abajo firmantes exigimos el derecho a vivir sin humo de tabaco, un producto considerado de alto riesgo para la salud. El deformado concepto "como no hay prohibición, puedo fumar" no puede aceptarse. La norma debe ser la opuesta: "no hay indicación de que se permite fumar, luego no puedo fumar". No queremos ni acabar con el tabaco ni prohibir al fumador el fumar, pero sí exigimos que este derecho a fumar no se ejerza acosándonos y atentando contra la salud de los demás.

Reivindicamos que defienda nuestro derecho a vivir sin humo de tabaco, amparándonos en la Constitución Española que, al enumerar en el Capítulo Segundo de su Título Primero los derechos fundamentales y las libertades públicas, dispone que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral" (artículo 15). Y ya dentro del Capítulo Tercero, el artículo 43 reconoce el "derecho a la protección de la salud" (párrafo 1º), y que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios" (párrafo 2º).

La escalofriante cifra de 56.000 muertes por el tabaco en España, de los cuales unos 700 son fumadores pasivos, demanda que se actúe en consecuencia de una vez por todas.